La próxima crisis puede empezar con un hackeo: las señales que Argentina (y el mundo) está ignorando

En Argentina y en el mundo, seguimos utilizando equipos obsoletos, aplicaciones desactualizadas y sistemas cuya recuperación nunca se ensayó. Con ataques potenciados por inteligencia artificial, me preocupa lo que pueda ocurrir en los próximos meses.

Imaginemos que mañana un hospital no puede consultar historias clínicas, una empresa pierde acceso a sus cuentas y un municipio debe suspender trámites porque sus sistemas dejaron de funcionar. No hace falta que todo ocurra al mismo tiempo: cada caso puede alterar la vida de miles de personas. Cuando hablamos de servicios esenciales, una falla informática deja de ser un problema de computadoras.

No me gusta hacer futurología, pero veo condiciones para una crisis digital de enormes dimensiones. Nuestra dependencia tecnológica crece sin que la inversión en seguridad siempre acompañe. En Argentina y en el mundo, seguimos utilizando equipos obsoletos, aplicaciones desactualizadas y sistemas cuya recuperación nunca se ensayó. Con ataques potenciados por inteligencia artificial, me preocupa lo que pueda ocurrir en los próximos meses.

En octubre de 2026, un ataque al proveedor tecnológico PGM afectó sistemas utilizados por Roldán, Tanti y Villa Carlos Paz. Hubo inconvenientes en trámites, consultas y pagos de tasas. Roldán logró recuperar su información gracias a los respaldos. Ese detalle importa: cuando llega un ataque, una copia de seguridad probada puede marcar la diferencia entre unas horas de interrupción y días de parálisis.

La Justicia también conoce estas consecuencias. En agosto de 2022, un ransomware afectó al Poder Judicial de Córdoba, que debió suspender plazos procesales y restablecer servicios por etapas. En octubre de 2026, el Poder Judicial de Formosa interrumpió preventivamente plataformas ante vulnerabilidades críticas, aunque aclaró que no había detectado intrusiones.

Durante 2025, el CERT.ar registró 520 incidentes de seguridad, un 19% más que el año anterior; 254 correspondieron al Estado, 127 al sector financiero y 52 fueron clasificados como críticos. Hubo además 150 compromisos de cuentas: con credenciales robadas, un intruso puede entrar como quien abre una oficina con la llave correcta. Según publicó Clarín el 13 de noviembre, para octubre de 2026 el registro había alcanzado los 800 casos. Parte del aumento podría responder a una mayor detección, pero la magnitud merece atención.

Algunas señales llevan años documentadas. Una auditoría de 2025 identificó en el Ministerio de Justicia cuatro aplicaciones y cuatro equipos obsoletos, junto con limitaciones de personal y presupuesto para renovarlos. La AGN había observado ausencia de planes de continuidad y recuperación en PAMI y deficiencias de respaldos en el sistema sanitario SISA. Esas últimas auditorías analizaron períodos terminados en 2021 y 2022. Si los problemas ya fueron corregidos, los organismos deberían demostrarlo; de lo contrario, tenemos una deuda de seguridad pendiente.

En mayo de 2026, Chequeado encontró al menos 40 expedientes de PAMI accesibles públicamente con datos médicos privados. El acceso fue retirado en junio. Ni siquiera hizo falta un hackeo para exponer esa información; bastaron controles insuficientes. Una configuración equivocada puede causar daños tan graves como un ataque sofisticado.

La Disposición 1/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad exigió a los organismos nacionales alcanzados inventarios, planes de contingencia y pruebas de recuperación. El plazo de adecuación venció el 10 de noviembre. ¿Cuántos pueden demostrar hoy que restaurarían sus servicios y en cuánto tiempo? Un respaldo que nunca se probó puede resultar tan útil como un matafuegos vacío.

La IA cambia la escala de las amenazas. En septiembre de 2026, Anthropic documentó operaciones en las que actores maliciosos la usaron para investigar objetivos, desarrollar herramientas, acceder a sistemas y analizar información robada. Si un atacante automatiza tareas que antes exigían horas de trabajo, puede intentar vulnerar más objetivos en menos tiempo. Mientras tanto, hay organizaciones que siguen postergando actualizaciones básicas.

Mi temor es que estemos acercándonos a una catástrofe digital en los próximos meses. No imagino necesariamente un apagón de todo internet, sino ataques graves a bancos, hospitales, empresas y organismos públicos, con servicios paralizados durante días y pérdidas millonarias. En febrero de 2025, el FBI atribuyó a Corea del Norte el robo de unos 1.500 millones de dólares en activos virtuales de Bybit. Las consecuencias económicas de un ataque ya pueden ser extraordinarias.

La misma IA puede ayudarnos a detectar anomalías y reforzar defensas. Pero necesitamos decisiones concretas: revisar hardware y software, identificar vulnerabilidades, controlar accesos y ensayar recuperaciones con tiempos medibles. En un edificio, nadie debería esperar al incendio para comprobar las salidas de emergencia.

Ojalá me equivoque sobre lo que puede venir. Lo inaceptable sería descubrir, después de una gran crisis, que las advertencias existían y que no nos preparamos.

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