Una vez más, un acuerdo de deuda incumplible

Argentina y el FMI han perpetrado una verdadera insensatez y será menester enmendarla. Pero para esto, ante todo nuestro país requiere encumbrar a una dirigencia convencida de que otro camino es posible. El pasado 11 de abril, el Gobierno argentino cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); se trata de un Programa de Facilidades Extendidas, que viene a adicionarse al anterior programa ya vigente. Se recibirán recursos hasta 2029, un 75% en 2025. A partir de 2030 y hasta 2039, la Argentina deberá abonar el saldo adeudado.

Nuestro país muestra una larga, y poco aleccionadora, trayectoria en materia de acuerdos con el FMI; el presente Programa es el número 23. De hecho, la Argentina es el país de desarrollo medio con más tiempo de vigencia de este tipo de programas. Desde que adhirió en 1956, el período más largo sin compromisos con el FMI fue de 12 años, a partir de la cancelación de las acreencias en 2006.

En 2018, se firmó un acuerdo stand-by, del que resultó un endeudamiento de 44.500 millones de dólares; éste fue seguido por un Programa de Facilidades Extendidas en 2022. Esta vez, lo firmado representa un incremento de nada menos que 20.000 millones de dólares aproximadamente por encima de un ya abultado monto. La deuda actual con el FMI representa algo menos de una cuarta parte de la deuda externa argentina total. La Argentina es hoy día el principal deudor del organismo, habiendo recibido casi el 40% del total de créditos otorgados.

Se trata de un endeudamiento sin precedentes en la historia de las relaciones entre Argentina y el FMI; su valor supera varias veces la cuota de financiamiento que por norma corresponde a nuestro país. En esta oportunidad, además, se prevé desembolsar gran parte del mismo este año (15.000 millones de dólares), algo también inédito en este tipo de operaciones.

El acuerdo incluye condicionalidades para los desembolsos, que se traducen en metas concretas en cuanto a reservas y financiamiento del Banco Central de la República Argentina al gobierno. Se mencionan además un conjunto de acciones que el gobierno se compromete a encarar. Ellas se refieren a la eliminación de los fondos fiduciarios (excepto el referido al consumo de gas natural) y a la elaboración de proyectos referidos al sistema tributario, a la coparticipación federal de impuestos, al sistema previsional, a la reforma laboral, a la privatización de empresas públicas, entre otros. Se destacan también en el acuerdo sectores considerados estratégicos; ellos son energía, minería, agro-industria y economía del conocimiento.

Desde la Cátedra Abierta Plan Fénix, entendemos que en general, lo deseable para cualquier país es no tener ningún acuerdo con el FMI, porque se limita la autonomía y libertad de acción en lo que se refiere a la definición del perfil productivo y social que una sociedad encuentre deseable.

Cuestionamientos

a) La intervención del Congreso de la Nación fue acotada y meramente formal. Se materializó con la aprobación por solo una de sus cámaras de un Decreto de Necesidad y Urgencia, cuyo contenido no fue más allá de una genérica autorización al Poder Ejecutivo a concluir la negociación en curso. 

Es decir, se aprobó un acuerdo que no había sido concretado, con total desconocimiento de su contenido. Más allá de la cuestión acerca de la legalidad estricta de lo actuado, su legitimidad es cuestionable: es bien claro que contraría el espíritu de lo establecido por la Constitución Nacional, en su artículo 75, que indica que es facultad del Congreso de la Nación entender acerca del crédito de la Nación y del pago de la deuda y la de aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales.

b) El desembolso del 75% del monto del programa este mismo año excede largamente los vencimientos del Acuerdo de Facilidades Extendidas de 2022. Esto significa que se sobre-dotará de reservas al Banco Central de la República Argentina. El único propósito que puede atribuirse a este extraordinario desembolso es el de brindar a la autoridad monetaria el poder de fuego necesario para sostener un tipo de cambio sobrevaluado (es decir, un dólar barato) en los meses previos a las elecciones legislativas de este año.

La reciente (e insólita) declaración de la Directora Gerente del FMI instando a apoyar al gobierno en la instancia electoral no deja dudas al respecto. Al financiar una estabilidad cambiaria artificial, el FMI abre la puerta a un nuevo ciclo de “carry trade”, que el gobierno alienta incluso por los medios de comunicación, entregando las divisas que podrán viabilizar una nueva fuga masiva de capitales (como ya ocurrió en 2018), en abierta violación de su Convenio Constitutivo.

c) El acuerdo asume compromisos de política económica y social, que constituyen un marco inamovible para los próximos lustros, condicionando así a futuros gobiernos. A partir de estudios y propuestas que el gobierno deberá presentar próximamente, se perfila una estrategia basada en la reprimarización de la economía y el achicamiento de la dimensión y alcance del sector público, con esperables consecuencias en la provisión de bienes que éste provee (salud, vivienda, educación, infraestructura vial); esto representará un impacto en el bienestar de los sectores de menores ingresos y también en el funcionamiento del aparato productivo. 

Se trata de medidas que apuntan al retiro del Estado y al irrestricto imperio de las reglas del mercado, haciendo pie en la constitución de enclaves relacionados a meras ventajas comparativas estáticas. Esto coincide plenamente con las orientaciones del actual gobierno, orientaciones que ya tuvieron su oportunidad en la década de 1990, para fracasar estruendosamente. No debe olvidarse que la Argentina fue uno de los países que más avanzó entonces en reformas estructurales de orientación neo-liberal; ellas se tradujeron en desempleo, mayor brecha social y baja inversión, culminando en la peor crisis económica de la posguerra. No vemos razón para que esto no ocurra nuevamente.

d) El plazo de repago del acuerdo es de manifiesta inviabilidad. Insólitamente, el propio documento dado a conocer arroja dudas acerca de la sostenibilidad de la operación; en su párrafo 31 señala que compromete a partir de 2030 montos muy elevados de servicios de la deuda, que representan 9% de las exportaciones y 15% de las reservas estimadas. 

Se reitera así una incongruencia que ya se manifestó en los dos acuerdos anteriores (en particular, es el caso de la operación stand-by de 2018, con un plazo de repago incluso más breve que el actual). La hipótesis crucial, que se explicita en el documento, es que la Argentina logrará acceder a los mercados voluntarios de crédito ya el año próximo; de esta forma, habría financiamiento que permitiría diferir en el tiempo el impacto de los repagos previstos. Se reincide así en la expectativa explicitada en los dos acuerdos anteriores, expectativa que como sabemos se ha visto frustrada, lo que dio origen al acuerdo actual; y no encontramos razones para que esto no ocurra en esta oportunidad. La perspectiva entonces es la de un sinfín de renegociaciones desgastantes, manteniendo la ficción de que cada una será la última.

Proyecto excluyente

Este Acuerdo de Facilidades Extendidas no debe ser considerado una mera imposición externa. Refleja la miopía de una parte no menor de la dirigencia argentina, proclive a imponer un proyecto reprimarizador y socialmente excluyente, para lo que no duda en buscar apoyos en este tipo de compromisos.

Es menester elaborar entonces una respuesta, fundada en un proyecto nacional sostenible e inclusivo, que apunte a la diversificación de las actividades productivas, explotando tanto el potencial primario como las capacidades existentes en nuestra población y acervo productivo. A esto apunta nuestro documento “Nuevas aristas en la cuestión del desarrollo: Un programa para la Argentina” (octubre 2024).

Encarar este proyecto demanda una respuesta diferente a la cuestión de este absurdo endeudamiento con el FMI; es menester salir del laberinto que se ha construido. Debemos buscar la vía para una renegociación, que se centre en lo prestado en exceso a la cuota que corresponde a la Argentina, y que se traduzca en un cronograma de repago factible (todo esto, sin perjuicio de redefinir las pautas de política económica contenidas en el actual acuerdo). 

Al respecto, debe señalarse que el nivel global de endeudamiento de la Argentina no es muy elevado, en la comparación internacional: representa menos del 50% de su Producto Interno Bruto, y en condiciones normales de mercado no comportaría compromisos extraordinarios (salvo algún incremento brusco en las tasas de interés, como el que desencadenó la crisis de la deuda de la década de 1980).

Seguramente, apuntar a una salida alternativa al actual Acuerdo de Facilidades Extendidas parecerá utópico; pero la razón deberá abrirse paso. Argentina y el FMI (o mejor, los países que lo controlan) han perpetrado una verdadera insensatez, y será menester enmendarla. Pero para esto, ante todo nuestro país requiere encumbrar a una dirigencia convencida de que otro camino es posible.