
La última medida del Ejecutivo amplía las facultades de investigación y detención de la fuerza federal. Diputados piden que quede sin efecto.
A través del DNU 383/2025, y con una presentación encabezada por Patricia Bullrich y Javier Milei, el Gobierno modificó el pasado martes el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), la reforma más ambiciosa en materia de seguridad en lo que va del año, que establece además la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Desde la oposición en Diputados apareció una primera reacción, con presentaciones judiciales y proyectos de derogación.
Entre sus medidas, el decreto crea nuevos programas presupuestarios para redefinir el perfil de la PFA y modifica sus jerarquías. Sin embargo, el cambio sustancial del estatuto se presenta en el artículo 6°, en el que se amplían las facultades de la fuerza para que pueda realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales”, inclusive redes sociales; requisas cuando sea “en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”; o detener a una persona “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo”. Todas ellas “sin necesidad de autorización judicial”.