El abogado Nicolás Eduardo Mercado dio a conocer que en el mediodía del martes 11 del corriente se hizo presente a la fiscalía de la Quinta Circunscripción junto a su cliente Darío Nelson Casas y se formuló una denuncia penal en contra de la juez Dra. María Alejandra López por la supuesta comisión de delitos de prevaricatos (significa que un juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria a sabiendas de que tal decisión es injusta y contraria a la ley).
La denuncia ingresó hoy en fiscalía, agregó el letrado “donde el fiscal Dr. Carlos Eduardo López deberá apartarse de la causa, porque es primo de la Dra. López. Ante esta situación se debería hacer cargo el fiscal Julián de la Colina».
Según relato del mismo abogado, “a la situación con la juez López, en el trámite de una causa por ejecución de sentencia de un embargo preventivo del Sr. Darío Casas se le solicita que habilite la feria judicial en el año 2023 y dice que no va a tratar ese pedido de habilitación que realiza la anterior patrocinante, Dra. Natalia Vargas, según su criterio no era una causa contemplada para ser tratada en feria judicial” es decir “la Dra. dice que no corresponde cuando la ley la está obligando, hay un incumplimiento funcional de ella, lo que produce un retardo en la justicia” además “procede a exigir el pago de una taza de justicia, cuando la ley expresamente dice que no se debe pagar ninguna taza en el trámite de sentencia, va a llevar un año, por eso Casas me solicita intervención a mi persona, para que hagamos la presentación en fiscalía, la denuncia penal”.
Luego resaltó “la Dra. López, en el expediente de Casas, en el afán de demorar el expediente y no dictar la resolución que corresponde, dice que ella advierte que yo había intervenido en el juicio anteriormente, cuando una certificación del TSJ, habían sido notificados la Dra. Vargas y el abogado de la empresa de la resolución que dicta el superior, ella dice que para preservar mi labor que me hagan conocer de eso y pretende incorporarme como patrocinante de Casas, con el único afán de que se genere el conflicto que mantengo yo con ella en ese expediente para no avanzar, para no dictar las resoluciones”.
Considerando “es realmente muy preocupante, el comportamiento de la jueza, se han realizado pedidos y no se resuelve inexplicablemente, entonces obligan a los ciudadanos y a los abogados acudir al fuero penal para ventilar estas cuestiones que hacen al mal desempeño de los abogados, de los jueces en las funciones judiciales que están cumpliendo, realmente es muy alarmante preocupante lo que sucede en esta Quinta Circunscripción Judicial”.
A lo que agregó que “en este caso la demora de la jueza de un embargo preventivo para proteger los derechos patrimoniales de un ciudadano de Chepes que ha ganado un juicio, el cual está firme y consentido, quiere cobrarlo y la jueza dicta resoluciones que contradicen lo que dice la ley, y cuando un juez tiene ese comportamiento está cometiendo el delito de prevaricato, debe ser apartado de sus funciones, debe ser destituido e inhabilitado.
