El Convencional Constituyente Ariel Puy Soria, destacó hoy, al participar de la 10° sesión de la Asamblea Convencional Constituyente, que se incorporó en el texto de la Reforma Constitucional la defensa del territorio provincial ante la indefensión que se genera por la derogación de la ley 26.77 de tierras rurales por parte del Gobierno Nacional. El objetivo es resguardar la zona de seguridad de frontera y el patrimonio productivo y el acceso al agua de todos los riojanos.
El artículo incorporado se refiere a Política Agraria, Agricultura Familiar y Soberanía Alimentaria y establece que la tierra es considerada factor de producción y no de renta y debe ser objeto de políticas de desarrollo local sostenible, debiendo todas las actividades encontrar su límite en la no desforestación, la no desertificación y la no contaminación de manera tal de preservar las condiciones de productividad de los diferentes ecosistemas de la provincia.
También se destaca que la política agraria tenderá al establecimiento de unidades de producción económica sostenibles teniendo en cuenta las particularidades regionales de la provincia, al perfeccionamiento de los títulos de los inmuebles rurales, a la radicación del trabajador y de capitales, a la agricultura familiar, a la organización de productores, la promoción del acceso a los mercados, la defensa de la actividad productiva y el crédito agrario conforme a la capacidad de trabajo del agricultor. Una ley establecerá los requisitos y limitaciones a la adquisición de tierras por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras.
Además, la soberanía Alimentaria garantiza el derecho de cada ciudadano a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. El Estado tiene la responsabilidad de asegurarla en sus políticas agrarias, económicas, presupuestarias, sociales, educativas y sanitarias, y asegura accesibilidad, disponibilidad, uso, y estabilidad de los alimentos, que permitan satisfacer las necesidades nutricionales adecuadas, mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral de los ciudadanos.
En ese sentido, el Convencional manifestó que “lo que tiene que ver con nuestra soberanía territorial, junto a la seguridad alimentaria y la política de sustentabilidad ambiental, son temas por demás importantes” y agregó que el Gobierno Nacional, a poco de asumir la gestión de Javier Milei, dictó un decreto de necesidad y urgencia en el que se derogaba la ley de tierras rurales, la ley 26.737, que fue sancionada en el año 2011 y que tenía por objetivo poner límites a la extranjerización del territorio”.
Puy Soria enfatizó que “este fenómeno de extranjerización del territorio es una tendencia mundial debido a factores económicos y financieros. Tiene mucho que ver con la crisis alimentaria mundial y con los recursos naturales no renovables. El cambio climático es uno de los factores que contribuyen a estos procesos, junto con el crecimiento demográfico y la escasez de agua dulce en el mundo”.
“La mayoría de los países del mundo desarrollados tienen legislación referida al límite en cuanto a la extranjerización del territorio y se da la característica de que estos procesos de extranjerización avanzan sobre los países que tienen una gobernanza débil en el mundo, por ejemplo, África, uno de los continentes más afectados, y también América Latina, indicó.
El Convencional sostuvo que a este avance de la Nación “se suma el complemento de la Ley de Bases, con apartados concretos como el RIGI, entre otros puntos, para avanzar definitivamente sobre el territorio de las provincias argentinas, para que los capitales extranjeros se queden con el territorio nacional”.
En ese punto, Puy Soria remarcó que “la ley de bases es complementaria al decreto de necesidad y urgencia que libera prácticamente para que la inversión extranjera se quede con nuestros recursos naturales sin ningún tipo de limitaciones. Por eso es importante que analicemos este capítulo en esta Asamblea Constituyente”.
“Cuando decidimos presentar este proyecto, buscamos también legislación comparada y vimos que la mayoría de las provincias argentinas están desamparadas respecto a esta temática. Únicamente Corrientes tiene contemplada esa norma constitucional. Por eso es importante que pongamos límites a la extranjerización de nuestro territorio”, señaló.
