La administración de Ricardo Quintela le reclama al estado más de $50.000 millones. La provincia explicó que tiene un «obstáculo material para cumplir con los objetivos constitucionales».
El Gobierno de La Rioja presentó una demanda en contra del Estado Nacional por la retención indebida de los fondos coparticipables que se envían a través de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN).
“La Provincia de La Rioja, aún en el ámbito de su autonomía, tendrá un serio obstáculo material para cumplir con los objetivos constitucionales y convencionales referidos si el Estado federal no remite los correspondientes fondos coparticipables”, sostiene la denuncia.
El reclamo de La Rioja en la Corte Suprema contra Nación
La Rioja busca que “el Estado Nacional-Jefatura de Gabinete de Ministros transfiera a la Provincia de La Rioja la suma de pesos nueve mil trescientos millones ($ 9.300.000.000) debidamente actualizada por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) prevista por el artículo 83 de la ley 27.701 correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2023, como así también, que transfiera a la Provincia de La Rioja la suma de pesos cuarenta y siete mil millones ($ 47.000.000.000) debidamente actualizada por el Índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) mediante el sistema de ‘goteo diario de fondos coparticipables’’ o bien subsidiariamente, en doce (12) cuotas mensuales y equivalentes correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2024.”
“El 30 de enero de 2024, el Señor Ministro del Interior Doctor Guillermo Francos remitió a la Provincia de La Rioja la nota NO-2024- 10859744-APN-MI mediante la cual le hizo saber que, debido a la sanción de la ley provincial 10.703, el Estado Nacional extremaría los recaudos en oportunidad de evaluar la viabilidad de efectuar transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional con destino a la Provincia de La Rioja que no sean originadas en impuestos coparticipables de transferencia automática”.
También “notificó que se limitará el otorgamiento de avales a las solicitudes de endeudamiento que pudiera formular la Provincia de La Rioja en el marco de la intervención que le compete a la jurisdicción del Ministerio del Interior prevista por el art. 25 de la ley 25.917″, indica la presentación, que lleva la firma del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Al día siguiente, 31 de enero, la Provincia de La Rioja contestó la nota: rechazó la respuesta “en todos sus términos y reiteró el reclamo promovido el 27 de diciembre de 2023 ante el Señor Jefe de Gabinete de Ministros, Ingeniero Nicolás José Posse”.
